La adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con el resultado de la decisión de la estatal YPF y la malaya Petronas de montar en Sierra Grande una planta de GNL valuada en u$s30.000 millones, fue expuesta por el Gobierno como un ejemplo del rédito económico que pueden obtener las gobernaciones si abrazan ese esquema. La promoción del régimen por parte del oficialismo dio pie a las empresas del capital minero para elevar promesas de inversión siempre y cuando los distritos adhieran al RIGI, que contempla un jugoso paquete de exenciones y beneficios impositivos para las firmas trasnacionales. A tono con esto, las mineras del litio y el cobre, como así también las entidades que las representan, aseguran que se promoverán inversiones por al menos u$s20.000 millones bajo el paraguas del sistema de incentivos. Mendoza, Tierra del Fuego, Neuquén, San Juan, Jujuy y Salta están entre las provincias con proyectos para adherir al régimen.
Precisamente, Salta aparece como uno de los territorios donde el estamento político busca acelerar la aprobación del RIGI para seguir profundizando el extractivismo ligado al mineral de litio.
En las últimas horas, el gobernador Gustavo Sáenz informó que envió un proyecto de adhesión al régimen para ser tratado en la Legislatura salteña con el fin de asegurarse un paquete de proyectos mineros en danza.
El mandatario provincial sostuvo que operar bajo el paraguas del RIGI le garantizará a Salta inversiones del orden de los u$s9.000 millones, la mayoría de ellas distribuidas en sendos emprendimientos de mega minería de litio.
En ese sentido, firmas como la china Ganfeng anticiparon que desembolsarán u$s1.000 millones para extraer ese material, la francesa Eramet, que viene de inaugurar el primer yacimiento en ese distrito también aplicaría al beneficio, y la canadiense First Quantum Minerals haría lo propio pero ya con foco en la explotación de cobre.
Salta se prepara para licitar el área con reservas de litio más grande de la Argentina: casi 40.000 hectáreas correspondientes al salar de Arizaro. Dicho espacio equivale a 400 kilómetros cuadrados, esto es, el doble de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires.
Otra empresa que busca hacerse con las exenciones que brinda el RIGI es la australiana BHP, que viene de comprar a la canadiense Lundin sus mega proyectos de cobre en la provincia de San Juan, otro distrito que aún no adhirió al régimen.
Se estima que los emprendimientos denominados Filo del Sol y Josemaría podrían consolidarse como los más importantes del mundo por la demanda que está teniendo el mineral para la transición energética de las potencias.
Combinados, ambos yacimientos demandarían inversiones del orden de los u$s10.000 millones. Claro que, también en ese caso, los desembolsos estarían atados a la adhesión al RIGI por parte de San Juan. En ese distrito, existe un proyecto de aval al régimen pendiente de aprobación en la Legislatura provincial.
Al tanto de estas promesas de potenciales inversiones, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) salió a pedir más adhesiones al RIGI, señalando que es la herramienta que requiere el sector para expandirse con mayor peso en la economía doméstica.
«(El RIGI) es imprescindible para reforzar la competitividad frente a otros países que poseen recursos minerales similares y que han sabido desarrollar significativamente su minería a partir de contar con previsibilidad en materia cambiaria, seguridad jurídica, marco tributario competitivo y obras de infraestructura apropiadas», sostuvo la organización en un comunicado.
«En el contexto actual, el RIGI contribuye a generar las condiciones que favorezcan la puesta en marcha de los yacimientos de cobre, proyectos de gran magnitud que llevan años en carpeta y que serán transformacionales para la región. También los de litio, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad que abre la electromovilidad. Resulta necesario, además, estimular la inversión en exploración para desarrollar nuevos proyectos de oro y plata y ampliar los existentes«, añadió.